148 aniversario del Grito de Independencia
Agobiados por las duras y diversas imposiciones; por otras trabas al
progreso económico, y por la falta de libertades públicas, miles de cubanos
reclamaron de la Metrópoli española, en 1865, un espacio para la reflexión
acerca de la situación de Cuba, y para que, como consecuencia, se adoptasen las
medidas convenientes e inmediatas, a fin de resolver algunos de los problemas
fundamentales de la Isla.
“La Junta de Información a que convocó (entonces) el Gobierno de Madrid
–recordaba por aquella época, uno de los más prominentes insurrectos mambises,
en 1873-, para inquirir las reformas que debían hacerse tanto en esta Isla como
en la de Puerto Rico, hicieron concebir halagüeñas esperanzas de que le
concederían algunas libertades, en cuyo concepto enviaron comisionados(...)”
Supresión del régimen de aduanas y, en su lugar, un impuesto sobre la
renta líquida que no excediera el 6%; la consideración de Cuba como una
provincia de España, con su Diputación Provincial facultada para legislar en
materia económico-administrativa; abolición gradual y con indemnización de la
esclavitud imperante en la Isla. Así podrían resumirse las demandas de los
representantes de Cuba a aquella junta.
En cambio, el 12 de febrero de 1867, dos meses y medio antes de concluir
las sesiones de esa reunión, el gobierno metropolitano dio señal inequívoca de
su negativa rotunda, al dictarse un Decreto Real que estableció el impuesto del
10% sobre la renta líquida (no el 6%, como solicitaron los comisionados) y,
como si fuera poco, sin suprimir el abrumador y arbitrario régimen de aduana vigente.
El 27 de abril del propio año 67, en la clausura de la Junta de Información, el
Ministerio de Ultramar dio a conocer que se decidía por la persistencia del
centralismo, como régimen político, fórmula sostenida allí por el tristemente
célebre español integrista Vicente Vázquez Queipo, ex fiscal superintendente en
La Habana

